Fair trial rights, Europe.

Fair trial rights, Europe.

EU Justice Ministers today adopted a new law that the European Commission had proposed to ensure defendants' right to information during criminal proceedings. Under the 'Directive on the right to information in criminal proceedings', suspects of a criminal offence will be informed of their rights in a language they understand.

The measure will ensure that EU countries will give anyone arrested – or subject to a European Arrest, a Letter of Rights listing their basic rights during criminal proceedings. Once it will have entered into force (two years after it is published in the EU's Official Journal – which is expected to take place within weeks), the new law will apply to an estimated 8 million criminal proceedings every year in all EU 27 Member States. Currently this right only exists in about one third of Member States.

"The right to a fair trial is one of the central pillars of our justice systems in Europe," said Vice-President Viviane Reding, the EU's Justice Commissioner. "This new EU law will help to safeguard this right by ensuring everyone is clearly and promptly informed of their rights. Today is a milestone in our common efforts to ensure Europeans have access to justice, wherever they are in the EU. I want to thank the European Parliament and the EU Justice Ministers for their support of the Commission proposal. It sets a good precedent for a Europe of rights and justice that it was possible to make this fair trial right a reality for Europe's 500 million citizens so swiftly."

The European Commission proposed the new law in July 2010 as part of a series of fair trial rights to be applied throughout the EU. It is the second measure, initiated by EU Justice Commissioner Reding, designed to set common EU minimum standards in criminal cases. This will boost confidence in the EU’s area of justice. The European Parliament and Council approved the first proposal, which gave suspects the right to translation and interpretation in October 2010.

The Directive will ensure that police and prosecutors provide suspects with information about their rights. Following an arrest, authorities will give this information in writing – in a Letter of Rights – drafted in simple, everyday language. It will be provided to suspects upon arrest in all cases, whether they ask for it or not, and it will be translated if needed. EU countries are free to choose the exact wording of the Letter, the Commission proposed a model in 22 EU languages (see Annex). This will provide consistency for people crossing borders and limit translation costs.

The Letter of Rights will contain practical details about the rights of persons arrested or detained, such as the right:

• to remain silent;

• to a lawyer;

• to be informed of the charge;

• to interpretation and translation in any language for those who do not understand the language of the proceedings;

• to be brought promptly before a court following arrest;

• to inform someone else about the arrest or detention.

The Letter of Rights will help to avoid miscarriages of justice and reduce the number of appeals.

At the moment, the chances that citizens will be properly informed of their rights if they are arrested and face criminal charges vary across the EU. In some Member States, suspects only receive oral information about their procedural rights, and in others the written information is not given unless requested.

Under Article 82(2) of the Trety on the Funcioning of the Euroepan Union, and with a view to facilitating the mutual recognition of judicial decisions and improving police and judicial cooperation on criminal matters, the EU can adopt measures to strengthen the rights of EU citizens, based on the EU Charter of Fundamental Rights.

The right to a fair trial and the right to a defence are set out in Articles 47 and 48 of the EU Charter of Fundamental Rights; as well as in Article 6 of the European Convention on Human Rights.

In June 2011, the Commission put forward a third measure to guarantee access to a lawyer and to communicate with relative. The proposal is currently under discussion in the European Parliament and in the Council.

Europa de la Justicia: Derecho a juicio imparcial

Europa de la Justicia: Derecho a juicio imparcial

Dentro de poco esto será realidad para toda persona que se encuentre detenida o privada de libertad en cualquier lugar de la Unión Europea. Los ministros de Justicia de la UE han adoptado hoy una nueva ley que la Comisión Europea había propuesto con objeto de garantizar el derecho a la información durante los procesos penales. Con arreglo a la «Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales», los sospechosos de haber cometido un delito serán informados de sus derechos en una lengua que comprendan. La medida garantizará que los países de la UE faciliten a toda persona que haya sido detenida o esté sujeta a una orden de detención europea una declaración de derechos en la que se recojan sus derechos básicos durante los procesos penales. Una vez haya entrada en vigor (dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, que se espera tenga lugar en las próximas semanas), la nueva ley se aplicará a unos ocho millones de procesos penales al año en los 27 Estados miembros de la UE. En la actualidad, este derecho solo existe en un tercio de los Estados miembros, aproximadamente.

«El derecho a un juicio imparcial es uno de los pilares de nuestros sistemas judiciales en Europa» ha dicho la vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «Esta nueva ley de la UE contribuirá a salvaguardar este derecho garantizando que se informe a todo el mundo con claridad y prontitud de sus derechos. Hoy es un día capital en nuestros esfuerzos conjuntos destinados a garantizar que los europeos dispongan de acceso a la justicia, estén donde estén en la UE. Deseo agradecer al Parlamento Europeo y a los ministros de Justicia de la UE su apoyo a la propuesta de la Comisión. Que haya sido posible hacer realidad con tanta celeridad este derecho a un juicio imparcial para los 500 millones de habitantes de Europa sienta un buen precedente para una Europa de los derechos y la justicia».

La Comisión Europea propuso la nueva ley en julio de 2010 formando parte de una serie de derechos a un juicio imparcial que debían aplicarse en toda la UE. Iniciada por la Comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, es la segunda medida destinada a establecer normas mínimas comunes de la UE en las causas penales. Esta iniciativa fomentará la confianza en el ámbito de la justicia en la UE. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en octubre de 2010 la primera propuesta, que dio a los sospechosos el derecho a traducción e interpretación.

La Directiva garantizará que la policía y la acusación ofrezcan a los sospechosos información sobre sus derechos. A raíz de una detención, las autoridades darán esta información por escrito, en una declaración de derechos, redactada en un lenguaje sencillo y cotidiano. Se entregará a los sospechosos en el momento de su detención en todos los casos, tanto si así lo solicitan como si no, y se traducirá en caso necesario. Se da libertad a los países de la UE para que elijan la redacción precisa de la declaración. La Comisión propuso un modelo en 22 lenguas de la UE (véase el anexo). Así se ofrecerán garantías a las personas que se desplacen a otro país y se limitarán los costes de traducción.

La declaración de derechos incluirá detalles prácticos sobre los derechos de las personas detenidas, tales como el derecho a:

• guardar silencio;

• consultar a un abogado;

• ser informado de los cargos que se le imputan;

• interpretación y traducción a cualquier lengua, si no entiende la lengua en que se desarrolla el procedimiento;

• que se le juzgue con rapidez después de haber sido detenido;

• informar de su detención a la persona que desee.

La declaración de derechos contribuirá a evitar errores judiciales y reducir el número de recursos.

En la actualidad, la probabilidad de que se informe a los ciudadanos de sus derechos al ser detenidos y enfrentarse a cargos penales varía entre los distintos países de la UE. En algunos Estados miembros, los sospechosos solo reciben información oral sobre sus derechos procesales, y en otros solo se ofrece información por escrito si se solicita.

De conformidad con el artículo 82.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y de mejorar la cooperación policial y judicial en materia penal, la UE puede adoptar medidas destinadas a reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE, sobre la base de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El derecho a un juez imparcial y el derecho a la defensa se establecen en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En junio de 2011, la Comisión propuso una tercera medida destinada a garantizar el acceso a un abogado y a comunicarse con los familiares. La propuesta está siendo debatida actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo.

Europe des Droits: Droit à un procès équitable.

Europe des Droits: Droit à un procès équitable.

Voilà qui sera bientôt une réalité pour quiconque est arrêté ou placé en détention, où que ce soit dans l'Union européenne. Les ministres de la justice de l'UE ont adopté aujourd'hui une nouvelle législation proposée par la Commission européenne pour garantir le droit des accusés à être informés pendant la procédure pénale. En vertu de la «directive relative au droit à l’information dans les procédures pénales», les personnes soupçonnées d’une infraction pénale seront informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent, et les États membres de l’UE devront donner à toute personne arrêtée – ou faisant l’objet d’un Mandat d´arrêt européene– une déclaration de droits énumérant ses droits fondamentaux durant la procédure pénale. Une fois entrée en vigueur (deux ans après sa publication au Journal officiel de l'UE, qui devrait avoir lieu d'ici quelques semaines), la nouvelle législation s'appliquera, selon les estimations, à huit millions de procédures pénales par an dans l'ensemble des 27 États membres. À l'heure actuelle, ce droit n'existe que dans environ un tiers des États membres.

«Le droit à un procès équitable est l'un des piliers essentiels de nos systèmes judiciaires en Europe», a déclaré Mme Viviane Reding, vice‑présidente de la Commission et commissaire chargée de la justice au sein de l'UE. «Cette nouvelle législation de l'Union contribuera à la sauvegarde de ce droit en garantissant à chacun qu'il sera clairement et rapidement informé de ses droits. Nous posons aujourd'hui un jalon dans notre effort conjoint pour garantir aux Européens l'accès à la justice, où qu'ils se trouvent dans l'Union européenne. Je souhaite remercier le Parlement européen et les ministres de la justice de l'Union d'avoir soutenu la proposition de la Commission. Voilà qui crée un précédent bénéfique pour une Europe des droits et de la justice, preuve qu'il était possible de faire aussi rapidement de ce droit à un procès équitable une réalité pour les 500 millions de citoyens de l'Union.»

La Commission européenne a présenté sa proposition de nouvelle législation en juillet 2010 dans le cadre d'un train de mesures visant à faire appliquer dans toute l'UE les droits garantissant un procès équitable. Il s'agit de la deuxième mesure destinée à créer des normes minimales communes de l'UE en matière pénale, prise à l'initiative de Mme Reding, commissaire de l'UE chargée de la justice. Elle permettra d'accroître la confiance dans l'espace européen de justice. Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé, en octobre 2010, la première proposition, qui confère aux suspects les droits à la traduction et à l’interprétation .

La directive prévoit que la police et le ministère public procurent aux suspects certaines informations relatives à leurs droits. En cas d’arrestation, les autorités compétentes fourniront ces informations par écrit dans une déclaration de droits rédigée dans une langue simple et accessible. Elle sera systématiquement remise aux suspects arrêtés, qu'ils en fassent ou non la demande, et sera traduite s'il y a lieu. Bien que les États membres soient libres de choisir la formulation précise de la déclaration, la Commission a proposé un modèle dans 22 langues de l'UE (voir annexe). Il assurera une cohérence pour les personnes qui franchissent les frontières et limitera les coûts de traduction.

La déclaration de droits contiendra des détails pratiques relatifs aux droits de la personne arrêtée ou détenue, notamment:

• le droit de garder le silence;

• le droit à l’assistance d’un avocat;

• le droit d'être informé des charges retenues contre soi;

• le droit à une interprétation et une traduction dans la langue de leur choix pour les personnes qui ne comprennent pas la langue de procédure;

• le droit d’être présenté à un juge rapidement après l’arrestation;

• le droit d'informer un tiers de l'arrestation ou du placement en détention.

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La déclaration de droits contribuera à éviter les erreurs judiciaires et à réduire le nombre de recours.

À l’heure actuelle, la probabilité que les citoyens arrêtés et accusés d'avoir commis une infraction pénale soient correctement informés de leurs droits varie d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, en effet, les suspects ne reçoivent qu’une information orale à propos de leurs droits procéduraux, tandis que dans d’autres, l’information écrite n’est fournie que sur demande.

En vertu de l’article 82, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionement de lúnion Europenne , et en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et d’améliorer la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales, l’UE peut adopter des mesures afin de renforcer les droits des citoyens de l'Union, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’UE.

Le droit à un procès équitable et le droit d'être défendu sont consacrés aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, ainsi qu'à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Au mois de juin 2011, la Commission a proposé une troisième mesure destinée à garantir le droit de consulter un avocat et de communiquer avec des proches La proposition est actuellement examinée au Parlement européen et au Conseil.